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Estabilidad Jurídica de las Inversiones en Panamá

Tiene por objeto promover y proteger la inversión realizada en el país en todos los sectores de la actividad económica. Creada mediante la Ley 54 de 22 de julio de 1998, establece que los inversionistas extranjeros y las empresas en las que éstos participan, tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política y la Ley, incluyendo lo referente a la libertad de comercio e industria, de exportación o importación.

Actividades Permitidas:

  • Turísticas
  • Industriales
  • Agrícolas de Exportación
  • Agroforestales
  • Mineras
  • Zonas Procesadoras para la Exportación
  • Zonas Libres Comerciales y de Petróleo
  • Telecomunicaciones
  • Construcciones
  • Desarrollos  Portuarios  y ferrocarrileros
  • Generación de Energía Eléctrica
  • Proyectos de Irrigación y uso eficiente de recursos hídricos
  • Toda actividad que apruebe el Consejo de Gabinete previa recomendación del Ministerio de Comercio e Industrias

Beneficios:

  • Estabilidad Jurídica salvo que medien causas de utilidad pública o interés social.
  • Estabilidad impositiva en el orden nacional.
  • Estabilidad tributaria en el orden municipal.
  • Estabilidad de los regímenes aduaneros que se deriven de las Leyes especiales.

Obligaciones de los Inversionistas :

  • Presentar a la entidad competente para regular la inversión un plan de inversión que incluya la obligación de invertir la suma mínima de dos millones de balboas (B/. 2, 000, 000.00), que deberán ser ejecutados en el término establecido por la Ley que regule la actividad, o en los demás casos en un plazo mínimo de dos (2) años.
  • Estar inscrito en la entidad encargada de promover y fiscalizar dicha inversión.
  • Cumplido el plazo para efectuar la inversión, se deberá acreditar el monto de la inversión y la actividad desarrollada.


Importante:

Los beneficios se otorgarán por el período de 10 años y aplican para los mismos todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras que realicen inversiones dentro del territorio nacional.



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